Cuando la Alcaldía de Santa Marta firmó el pasado 11 de mayo un convenio por 5 mil 382 millones 823 mil pesos con la Unión Temporal Nutrir Caribe para operar durante 57 días la alimentación escolar de 42 mil estudiantes de 190 colegios de Santa Marta, el nombre de Ana María Medina Romero no figuraba en ningún documento. Sin embargo, ella es la jefa de la operación.

La Unión Temporal Caribe, conformada en un 50% por la Fundación Proyecto de Vida (Funprovida) y en otro 50% por la Corporación para el Desarrollo e Integración de los Municipios del Magdalena y de Colombia (Codidumag) tiene como representante legal a Jairo Echeverry Patiño. Sin embargo, ese nombre solo figura en papeles. En el Parque Logístico Industrial de Santa Marta, bodega A-3, donde funciona la operación de la alimentación de los niños, nadie lo ha visto tan siquiera.

En cambio, a la abogada Ana María Medina todos los empleados la reconocen: ella sí hace presencia permanente, ordena, toma decisiones e, incluso, según quejas en las que coincidieron varias  personas que interactúan con ella en la cadena de distribución de los alimentos escolares, no es fácil de olvidar, precisamente, por el presunto permanente maltrato verbal hacia los empleados.

Medina es el enlace directo con el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y a través de ella se canalizan todas las quejas que llegan a sus oídos.  Además, este medio accedió a pruebas (en reserva para no comprometer a algunas fuentes de información) que demuestran que es mano derecha de la exgestora social del Distrito Elisa Villarroel, y que su poder le permite incluso tomar decisiones sobre los recursos del convenio.

La cruda realidad de la alimentación escolar

Precisamente las quejas que en varias ocasiones ha enviado el alcalde Martínez a través de Ana María Medina tienen sus justificaciones, pues la ejecución del plan de alimentación escolar –que produce desayunos y almuerzos para 42 mil niños beneficiarios en la ciudad – tiene varias irregularidades graves que afectan incluso la salubridad de los alimentos.

Todo comienza en las bodegas del Parque Logístico Industrial, que se encuentra en unas condiciones actuales bastante lamentables, pues los alimentos se almacenan, literalmente, entre basura.

La situación continúa con el transporte de los alimentos en vehículos no refrigerados, que incumplen el mantenimiento de la cadena de frío de las carnes que son transportadas desde las bodegas hasta los colegios.

“Son carros que no cumplen las condiciones. Ni siquiera están refrigerados”, dice una fuente de uno de los 190 colegios beneficiados del Distrito. Asimismo, otra fuente perteneciente a la operación de la alimentación asegura que el alcalde Martínez tiene conocimiento de la situación y ya ha enviado quejas a través de Medina, jefa y responsable de toda la operación.

La preocupante situación coincide con un recorrido que la semana pasada realizó una veeduría de la Localidad 2 a 5 colegios, en los que saltaron a la luz graves situaciones, que preocuparían a cualquier padre de familia si sus hijos recibieran los alimentos del Plan de Alimentación Escolar.

Edilfonso Orozco, veedor ciudadano que participó en el recorrido, habló con Seguimiento.co y resumió algunas de las observaciones más preocupantes que son un factor común en todos los colegios.

“Encontramos por ejemplo que tienen 60 cucharas para 600 alumnos. Los manipuladores de los alimentos son dos personas por cada colegio. Estas dos personas tienen que combatirse con todo, y si es el caso, así como reciben las cucharas se las entregan a otros niños para que coman. Algunos comen con las manos también. Eso está sucediendo en todos los colegios que hemos visitado”, dice Orozco.

La descripción que hace Edilfonso de lo que observaron hace tan solo una semana preocupa a cualquiera: en casos como el colegio Luis Carlos Galán, la cocina se comparte con arrumes de ventiladores y pupitres abandonados, como si se tratara de un basurero; en otras instituciones educativas los elementos de aseo terminan mezclándose con los alimentos,  y los estanques de agua con los que preparan los jugos “están llenos de guasarapos”.

Pero los dos puntos más graves que señala Orozco son la ausencia de refrigeradores para mantener las carnes congeladas cuando hacen los suministros los días jueves y viernes. “En varios colegios ni siquiera cuentan con un freezer para mantener las carnes congeladas. Estas terminan en los congeladores de los vecinos de los colegios, salen del colegio y, en muchos casos, se terminan perdiendo. Imagínese la realidad”.

Durante el recorrido por el colegio Miguel Pinedo, cuando se enteraron que la veeduría ciudadana estaba haciendo las visitas, los encargados de la operación de los alimentos llevaron un congelador para hacer parecer que todo funcionaba bien. 

La situación está tan fuera de control, que la veeduría ciudadana se encontró en uno de los colegios un balde cargado con alimentos sobrantes del día jueves, que estaban listos para ser extraídos. “Lo que nos dicen es que a veces no va el número de niños esperados y sobra comida”, dijo Edilfonso haciendo referencia a la justificación que le dieron.

Más de 3.300 millones de pesos embolatados, los hallazgos de la Contraloría

Si bien las observaciones realizadas por la veeduría ciudadana corresponden al convenio más recientes, de los últimos 2 meses de 2016, la Contraloría General de la República produjo en el mes de abril un informe final en el que se da cuenta de hallazgos que comprometen más de $3 mil millones en dos convenios que el Distrito de Santa Marta firmó en los años 2014 y 2015 con con Asoalimentarce, proveniente del Cesar.

Las presuntas irregularidades detalladas por el ente de control fiscal revelan “un mayor valor de las raciones contratadas por 1.206 millones de pesos” en el convenio 001 de 2014 y “un mayor valor de obra de las raciones contratadas por 2.097 millones” en el convenio del 2 de marzo de 2015.

El argumento de la Contraloría para determinar la elevada cifra se basa en que cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) contrató con la misma Asoalimentarce, establecieron el valor del desayuno 460 pesos y el almuerzo entre 725 y 790 pesos más barata cada ración, por lo que no encontraron sustento en que la Alcaldía firmara el convenio con precios tan elevados para lo establecido.

Finalmente, la Contraloría también concluyó que no tiene “claridad en el número de estudiantes que son beneficiados de la estrategia” y agregó que “no se cuenta con información veraz que sirva para los análisis de políticas que debe hacer el Ministerio de Educación Nacional, además de incidir en el control del programa y evidenciar deficiencias en la planeación y ejecución del mismo”.

El total del dinero embolatado, según el análisis de la Contraloría, ascendió a los 3.303 millones de pesos.

El convenio millonario de la alimentación de los estudiantes de los colegios del Distrito está a punto de terminar y se espera que la Alcaldía aliste el nuevo convenio para después del 20 de septiembre.

Pese a las visibles inconsistencias en el manejo de los recursos que –según el convenio– no son para sacar ganancias económicas, la mayoría de las fuentes consultadas para este artículo dijeron que los actuales operadores de los alimento sostienen -con mucha seguridad- que este contrato es nuevamente de ellos.